El trece de Junio de 1859 el Presidente Benito Pablo Juárez García declaró propiedad nacional todos los bienes de la iglesia católica en México, por supuesto que esa fue una de las medidas de mayor alcance en su gobierno; si bien el Presidente Juárez buscaba recuperar los bienes de manos muertas y dinamizar así la economía, con la venta de la mayor parte de los bienes expropiados por una cantidad cercana a un millón de pesos, no logró sino paliar someramente la crisis financiera que enfrentó su gobierno, debido a las frecuentes guerras, la corrupción en la administración pública y la falta de enfoque económico del gabinete juarista. Más aún, el manejo de los bienes eclesiásticos generó una cascada de corrupció que hizo sentir sus efectos hasta pasada la primera mitd del siglo XX.
Hoy día, la Catedral metropolitana de Tulancingo continúa sufriendo los estragos de una pésima decisión administrativa que se prolongó en el tiempo, pues si la expropiación de los bienes de manos muertas pudo ser entonces necesaria y plenamente justificada no lo era la expropiación de los lugares de culto y sus accesorios, que resultó en una caja chica para los funcionarios de las subsecuentes administraciones federales y municipales.
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